Senderos venenosos

Perú es el mayor productor de oro de América Latina y ocupa el sexto lugar entre los más grandes del mundo. Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, cerca de 28% del oro del país se extrae de manera ilegal: en 2013, la minería aurífera ilegal en Perú se estimó en $2.6 mil millones. Esta forma de extracción a menudo se basa en operaciones de minería aurífera artesanal y de pequeña escala (artisanal and small-scale gold mining, ASGM) que, en virtud de la deforestación desenfrenada, la insuficiencia de los protocolos de seguridad y el uso no regulado de mercurio, representan graves amenazas para la seguridad humana y el medio ambiente.

A pesar de los efectos devastadores que el mercurio ejerce en el medio ambiente y la salud pública, su uso está muy extendido en la ASGM cuando se amalgama y extrae el oro de sedimentos y minerales. El uso no regulado de mercurio en la minería aurífera ha intoxicado a decenas de miles de ciudadanos peruanos y representa una amenaza particular para las comunidades indígenas, cuyos medios de vida guardan nexos con los ríos en la cuenca del Amazonas. Sin embargo, esta dependencia del mercurio brinda a los investigadores la oportunidad para rastrear las redes comerciales que alimentan la minería aurífera ilegal en Perú.

Con el apoyo de registros gubernamentales, datos comerciales, redes sociales e información locales, el Centro de Estudios de Defensa Avanzada (Center for Advanced Defense Studies, C4ADS) examinó el tráfico peruano del mercurio. Aunque la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú apunta a controlar el uso del mercurio en la minería aurífera con un registro especial de los usuarios, el C4ADS encontró pruebas de que las personas afiliadas al principal importador de mercurio en el país, Triveño Mining Company del Peru S.A.C, quizá deriven la comercialización hacia compradores independientes no autorizados, a pesar de que tales transacciones están prohibidas . El C4ADS también halló varias entidades en la lista de usuarios autorizados de mercurio con antecedentes documentados de presunta minería ilegal, lo que pone en duda la firmeza con que Perú aplica controles en el comercio y la distribución de este mortal elemento químico.

Los datos comerciales demuestran que Perú ha reducido la importación de mercurio de forma considerable desde que, en 2015, ratificara el Convenio de Minamata de la ONU, un tratado mundial que se concibió para proteger la salud de las personas y el medio ambiente de los efectos nocivos del mercurio. Tras alcanzar un tope de 155 en 2013, los cargamentos anuales de mercurio disminuyeron a uno solo en 2018. En 2019, después de cuatro años de declive, el número de cargamentos aumentó a diez. 

Una tendencia similar se refleja en el peso total del mercurio que se importó entre 2012 y 2019. Después de llegar a un tope de 188,383 kilogramos en 2013, el volumen de las importaciones de mercurio disminuyó en 2018 a solo 40 kilogramos. En 2019, sin embargo, esa cifra aumentó a 9,061 kilogramos.

Igual de interesantes que la cantidad importada son las personas y empresas que presuntamente las recibieron. De acuerdo con los datos comerciales, de los diez cargamentos de mercurio importado que se registraron en 2019, nueve fueron a Triveño Mining Company del Peru S.A.C., para un total de peso neto combinado de 2,181 kilogramos. Según una copia archivada de su sitio web, Triveño Mining Company forma parte del Grupo Triveño, consorcio con participación en los sectores de logística, minería y otros. Los documentos aduaneros de Veritrade muestran que la compañía importó su cargamento más reciente en diciembre de 2019. Los nueve cargamentos de 2019 se importaron desde México, el segundo mayor productor de mercurio del mundo después de China.

Se han señalado los antecedentes de participación del Grupo Triveño en el comercio ilícito de mercurio. A su presidente y director ejecutivo,, Adolfo Triveño Torres, lo sentenciaron en 2016 por tráfico de mercurio destinado a la minería ilegal. Un documento judicial señala que Triveño Torres vendió pequeños contenedores de mercurio, que portaban la etiqueta “Mercurio Rey Español Triveño”, desde un establecimiento de Puerto Maldonado, que sirve de centro logístico para los mineros en Madre de Dios, una región con yacimientos abundantes de oro, ubicada en la cuenca amazónica fronteriza con Bolivia y Brasil. Sin embargo, Triveño Mining Company se ha mantenido en la lista de usuarios de mercurio que autoriza la SUNAT y reanudó la importación del elemento químico en 2019.

Al parecer, la reventa de mercurio se ha extendido hasta 2019. Es ilegal vender mercurio a compradores que no cuenten con la autorización de la SUNAT. No obstante, una publicación en el grupo de Facebook “Avisos Clasificados (Puno – Juliaca)”, donde se anuncia la venta mayorista y minorista de mercurio en envases de 34.5 kg, sugiere que al menos parte del suministro de Triveño Mining Company todavía llegaría a compradores independientes no autorizados. El perfil de LinkedIn del usuario de Facebook indica que, desde 2013, el titular de la cuenta ha sido empleado del Grupo Triveño en su sucursal en el centro minero de Juliaca, Puno, un departamento en la frontera sur de Perú con Bolivia. En octubre de 2019, las autoridades peruanas incautaron 200 kilogramos de mercurio que se habrían utilizado en la minería ilegal, en una tienda en Juliaca que, según los registros públicos, pertenece a Triveño Mining Company. Desde enero de 2020, en los datos de las aduanas peruanas no se han registrado nuevas importaciones de mercurio, según Veritrade.

El Grupo Triveño no es el único importador de mercurio que podría estar implicado en actividades ilícitas. Para hacerse una mejor idea de la magnitud del comercio de mercurio, el C4ADS cruzó la lista de usuarios de mercurio que autoriza la SUNAT con una base de datos de títulos para concesiones mineras emitidas por el Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM), con el fin de establecer las concesiones mineras que controlan los usuarios autorizados de mercurio. De los 173 nombres en la lista de usuarios autorizados de mercurio de la SUNAT, 102 también aparecen como concesionarios mineros. Si bien la posesión conjunta de una autorización de uso de mercurio y una concesión minera no comprueban ninguna actividad ilegal por sí solas, nos vimos obligados a profundizar en el asunto. En total, 1,728 concesiones mineras, que abarcan 1,101,269 hectáreas (2,721,295 acres), pertenecen personas o negocios autorizados a utilizar mercurio. La mayoría de estas concesiones son propiedad de un puñado de grandes empresas: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (649 concesiones), Unión Andina de Cementos S.A.A. (255 concesiones), Minera Barrick Misquichilca S.A. (164 concesiones), Minsur S.A. (161 concesiones), y Minera Yanacocha S.R.L. (77 concesiones).

De los 102 nombres en la lista de usuarios autorizados de mercurio que también aparecen como concesionarios mineros, 75 tienen sus operaciones en Madre de Dios. En toda la región, poseen un total de 170 concesiones mineras, que abarcan 46,221 hectáreas (114,215 acres). El 78% de estas concesiones en Madre de Dios pertenece a personas naturales, en comparación con solo 8.6% de las concesiones en todo el país. Esta disparidad refleja la prevalencia de la ASGM en Madre de Dios, a la que impulsan redes de personas naturales en lugar de grandes corporaciones. Sin embargo, al igual que con la minería a gran escala, el control de los insumos y la infraestructura que son determinantes en la economía minera de la región tiende a acumularse en manos de unos cuantos poderosos.

Entre los usuarios autorizados de mercurio con concesiones en Madre de Dios se encuentran varios individuos con antecedentes por presunta participación en la minería ilegal, lo que dirige la atención a posibles deficiencias en la aplicación por parte de la SUNAT de los controles peruanos sobre el mortal elemento químico y lleva a cuestionar su seriedad ante el compromiso con el Convenio de Minamata.

Uno de ellos es Eulogio Amado Romero Rodriguez, también conocido por su apodo “Comeoro”, ex congresista (entre 2011 y 2016) y ex director de la Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN). Romero Rodriguez además se postuló para gobernador de Madre de Dios en 2018. En diciembre de 2011, el Congreso lo suspendió por 120 días después de que una investigación federal revelara que permitía que los mineros ilegales trabajaran en sus concesiones a cambio de pagos en oro. Según los informes, en 2012 fue el principal organizador de manifestaciones contra las nuevas regulaciones a la minería informal, las cuales congregaron a más de 30,000 mineros; más tarde introdujo una legislación con el objetivo de anular las leyes. Los registros oficiales indican que Romero Rodriguez tiene tres concesiones activas en Madre de Dios: Tres de Agosto I, Sol de Mayo y Taliban.

Yony Baca Casas, titular de tres concesiones activas, también aparece en la lista de usuarios autorizados de mercurio. Baca Casas, miembro de una de las familias mineras más poderosas de la región, fue desde 2018 el presidente de la Asociación de Mineros de Huepetuhe, que ampara a uno de los campamentos mineros más grandes de Madre de Dios. Por lo menos desde 2000, la familia Baca Casas ha sido objeto de numerosas denuncias, investigaciones y esfuerzos de sanción por parte del Estado. Debido a que las autoridades peruanas consideran que los miembros de la familia coordinan sus actividades como una sola unidad económica, las autoridades federales consideran que su negocio es demasiado grande para que quepa en la categoría de minería artesanal y, en cambio, lo tratan como una empresa de mediana a gran escala.  El Ministerio de Energía y Minas impidió que la familia abriera el proceso para formalizar sus operaciones, que se inició en 2012 con aquellos mineros que en verdad llenan los requisitos para ser artesanales. En 2012, el Ministerio del Interior emitió un comunicado mediante el que se denunciaba a miembros de la familia Baca Casas por lavado de dinero. Al año siguiente, el Ministerio del Ambiente entabló acciones judiciales por minería ilegal contra la familia y sus empresas. Sin embargo, la familia se ha convertido en una fuerza política influyente en su localidad, pese a sus actividades económicas, o quizá precisamente por eso: El padre de Yony se desempeñó como alcalde de Huepetuhe, y la misma Yony participó en las conversaciones entre los mineros locales y el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

La lista de usuarios de mercurio que autoriza la SUNAT no solo indica la influencia política de las redes mineras ilícitas, sino que además pone de manifiesto las estructuras informales de poder dentro de la economía de la minería aurífera de Perú. Asimismo, se encuentran en la lista de concesionarios de mercurio autorizados dos hombres acusados de dirigir las organizaciones ilegales de minería aurífera en Madre de Dios, Celso Quispe Chipana y Leonardo Huaman Huanca, el primero con tres concesiones activas y Huaman Huanca, con dos. Un artículo de 2012 publicado en La República nombró a los dos hombres entre los “barones del oro” que están detrás de la minería ilegal en Madre de Dios. Se alegaba contra ambos su control sobre numerosas operaciones mineras; además, Huaman Huanca era el presunto dueño de varias propiedades y estaciones de servicio a lo largo de la Carretera Interoceánica. A Quispe Chipana lo sentenciaron a prisión en 2014, bajo la acusación de minería ilegal.

Además de políticos y personalidades influyentes de la localidad, en la lista de usuarios de mercurio de la SUNAT figuran los propietarios de empresas de minería, transporte y construcción. De ellos, Francisco Quintano Mendez es uno de los nombres que salen a la superficie y que causa mayor sorpresa. Aunque solo tiene una concesión activa en su nombre, la empresa de Quintano Mendez Minerales del Sur (Minersur) fue uno de los mayores exportadores de oro de Perú hasta 2018. Ese año, la SUNAT comenzó a investigar a la compañía por nexos con la minería ilegal y el lavado de dinero. El único cliente internacional de Minersur, la refinería suiza Metalor, que desde 2001 procesó unas 106 toneladas de oro originario de Minersur por un valor de $3.5 mil millones, suspendió las importaciones desde la compañía a principios de 2018.

Si bien parte del mercurio utilizado en la ASGM de Perú se suministra de manera pública y notoria, buena parte se contrabandea en el país sin que se detecte. Aunque el país dejó de importar mercurio en 2015, las incautaciones policiales y los datos comerciales sugieren que han surgido cadenas ilícitas de suministro a lo largo de la frontera al sur de Perú con Bolivia, donde las importaciones de mercurio se dispararon de 9,514 kilogramos en 2014 a 216,454 kilogramos en 2016. En 2015, las autoridades peruanas incautaron más de una tonelada de mercurio que había entrado ilegalmente de contrabando en la región fronteriza de Puno. En un incidente aparte de 2019, las autoridades aduaneras de Puno confiscaron un cargamento de 110 litros de mercurio proveniente de Bolivia. Otros informes indican que los pasajeros de autobuses comerciales contrabandean cantidades inferiores de la sustancia por la frontera en maletas.

En febrero de 2019, las autoridades peruanas dieron inicio a la “Operación Mercurio 2019”, como parte de la arremetida contra la minería ilegal en Madre de Dios, que presenció la instalación de bases militares y programas de inspección en las áreas más afectadas de la región. En los meses de intervención, la operación ha tenido éxito para frenar los efectos ambientales más nocivos de la minería aurífera ilegal. Un análisis de agosto de 2019 que llevó a cabo el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, que sigue el paso de las tendencias de deforestación en la cuenca del Amazonas, concluyó que la deforestación en las áreas supervisadas había disminuido en 92%.

Sin embargo, si Perú quiere tener éxito a largo plazo en la regulación de la minería ilegal, debe combinar la aplicación firme de la ley al nivel local con la vigilancia rigurosa de las cadenas de suministro a la minería. Esto no solo requiere que Perú mejore los controles nacionales, sino que también fortalezca la cooperación con sus vecinos. Al igual que Perú, Bolivia ratificó el Convenio de Minamata. Sin embargo, la cantidad de sus importaciones de mercurio en los últimos años es indicativo de la falta de medidas significativas en cumplimiento con sus compromisos internacionales. Perú deberá colaborar estrechamente con Bolivia en el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de aplicar la ley y la garantía de que el vacío dejado por los importadores nacionales no lo llenen cadenas ilícitas de suministro de otros países.

Aunque Perú ha intentado regular las cadenas de suministro de mercurio con un registro nacional de usuarios autorizados, a algunos de estos se los ha acusado en reiteradas ocasiones de infringir las leyes, cuyo objetivo es contrarrestar los efectos tóxicos del mercurio en la minería aurífera ilegal. En varios casos, estas mismas personas ejercen un poder notable en las federaciones políticas locales y las instituciones gubernamentales, lo que complica aún más los esfuerzos nacionales para una reglamentación significativa. En julio de 2019, la SUNAT emitió nuevas directrices que flexibilizan los requisitos necesarios para registrarse como usuario autorizado de mercurio. A juzgar por las pautas actuales, esto sugiere que la amenaza ante el uso no regulado de mercurio en las minas ilegales de oro de Perú está lejos de resolverse.